Condenaron a un matrimonio por comercialización de drogas y a una mujer por suministro de estupefacientes
Adrián Fernández recibió cuatro años de prisión, al igual que su esposa, Judith Iriarte. Analía Fernández fue condenada a tres años de ejecución condicional. La investigación comenzó con una denuncia anónima y se inició en junio de 2025.
La Justicia condenó a Adrián Fernández a cuatro años de prisión por comercialización de estupefacientes y a su esposa, Judith Iriarte, a la misma pena por tenencia de drogas con fines de comercialización. En tanto, Analía Fernández recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por suministro gratuito de estupefacientes agravado por el lugar de detención, en grado de tentativa, y tenencia simple de drogas.
El juicio tuvo como jueza a Flores y contó con la intervención del fiscal Francisco Márquez. Las defensas estuvieron a cargo de los abogados Eduardo Rodríguez y Florencia Vottero.
Una investigación iniciada por una denuncia anónima
La causa se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas actividades vinculadas con la comercialización de drogas en una vivienda ubicada en calle Intendente Paviotti, en Villa Nueva, donde residía el matrimonio Fernández-Iriarte.
La investigación previa se desarrolló en junio de 2025. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron sustancias que inicialmente fueron presentadas como más de 12 kilos de cocaína. Sin embargo, de acuerdo con lo explicado por uno de los abogados defensores durante el juicio, la pericia química determinó que la mayor parte de esa cantidad correspondía a pintura y no a cocaína.
Tras los análisis, quedaron acreditados poco más de 100 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios y lugares de la vivienda. Además, se secuestraron alrededor de 20 gramos de la sustancia que se encontraban en una cartera vinculada con Analía Fernández.
La investigación también incluyó el análisis de teléfonos celulares y otros elementos que, para la acusación, permitieron sostener la actividad de comercialización atribuida al matrimonio.
Las posiciones de la Fiscalía y las defensas
Durante el juicio, el fiscal Francisco Márquez solicitó que los tres acusados fueran condenados a cinco años de prisión.
Por su parte, la defensa de Adrián Fernández pidió una pena de cuatro años por comercialización de estupefacientes. En el caso de Judith Iriarte, solicitó su absolución por el beneficio de la duda respecto de la comercialización o, alternativamente, que fuera considerada partícipe secundaria, con una pena de dos años y ocho meses.
La defensa de Analía Fernández planteó que fuera condenada por el hecho vinculado con el suministro de estupefacientes en el ámbito penitenciario, pero pidió su absolución por el segundo delito o que se modificara la calificación legal a tenencia simple. También solicitó una pena de tres años de ejecución condicional, con reglas de conducta.
Finalmente, la resolución fijó cuatro años de prisión para Adrián Fernández y cuatro años para Judith Iriarte, mientras que Analía Fernández recibió tres años de ejecución condicional, en línea con lo solicitado por su defensa.
Un antecedente vinculado con una visita a un detenido
En el caso de Analía Fernández, la causa también contempló un episodio anterior, ocurrido en 2020, durante la pandemia. Según lo expuesto por su abogado, la mujer había llevado víveres a su esposo, que se encontraba detenido, y en un envase de champú se encontraron tres pequeños envoltorios que contenían aproximadamente tres gramos de marihuana.
Ese episodio formó parte de la acusación por suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por el lugar de detención, en grado de tentativa. La defensa sostuvo que su representada no comercializaba drogas y cuestionó que se le atribuyera la tenencia de la sustancia secuestrada en la vivienda.
Durante el proceso, Adrián Fernández reconoció los hechos y manifestó que la droga era suya. Según el relato de la defensa, sostuvo que su esposa tenía conocimiento de la situación, pero que no estaba de acuerdo ni participaba de la actividad.
Multas y reglas de conducta
Además de las penas de prisión, la sentencia impuso multas económicas expresadas en unidades fijas. Para Adrián Fernández y Judith Iriarte se establecieron 45 unidades fijas para cada uno, mientras que para Analía Fernández se fijaron 15 unidades fijas.
En el caso de Analía Fernández, la condena de ejecución condicional quedó sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. Entre ellas, la defensa había solicitado que se le ordenara finalizar sus estudios, en lugar de imponerle un tratamiento, al señalar que se trata de una persona consumidora de estupefacientes.
La resolución cerró así un proceso judicial que comenzó con una denuncia anónima y en el que los resultados de las pericias químicas tuvieron un papel relevante para determinar qué parte de la sustancia secuestrada correspondía efectivamente a cocaína.
