19 agosto, 2026
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Cositorto denuncia a una secretaria de fiscal por la causa Zoe

La abogada de Leonardo Cositorto, Aixa Petriati, cuestionó duramente el inicio de la investigación por Generación Zoe y sostuvo que el expediente en Córdoba habría comenzado a partir de un acta irregular. En una entrevista con RADIO REALPOLITIK FM, la letrada apuntó contra funcionarios de la Fiscalía de Villa María y puso el foco en María Florencia Bortolussi, quien por entonces se desempeñaba como prosecretaria y actualmente es fiscal de Narcotráfico en San Francisco.

Según relató Petriati, la causa no se habría iniciado a partir de un llamado anónimo por una supuesta estafa, tal como se difundió en el documental de Netflix y consta en el expediente judicial. La defensora sostuvo que una exfuncionaria de la fiscalía, la doctora Maritano, habría denunciado que el organismo tomó conocimiento de las actividades de Generación Zoe porque el marido de una integrante de la Policía realizaba inversiones en la empresa.

En ese contexto, Petriati afirmó que, ante la falta de un delito concreto que justificara el inicio de una investigación, se habría confeccionado un acta en la que figuraba un supuesto llamado anónimo. La letrada señaló directamente a Bortolussi, quien habría firmado ese documento en su carácter de prosecretaria.

“Como no había delito, esbozaron en un acta firmada por la prosecretaria María Florencia Bortolussi que existía un llamado anónimo denunciando una estafa”, sostuvo la abogada.

Petriati consideró que esa actuación constituye una irregularidad determinante para el proceso y cuestionó además el posterior crecimiento dentro de la estructura judicial de algunos de los funcionarios involucrados. En particular, señaló que Bortolussi posteriormente fue designada fiscal de Narcotráfico en San Francisco.

El interrogante sobre Companys

La defensora también puso el foco en la fiscal Juliana Companys y planteó interrogantes sobre las decisiones adoptadas durante la investigación.

“El gran interrogante es quién le ordenó o le recomendó a Companys avanzar con este carpetazo”, manifestó Petriati, al tiempo que vinculó el desarrollo de la causa con intereses económicos y con hechos ocurridos alrededor de la estructura de Generación Zoe.

La abogada sostuvo que hubo personas que abandonaron el país luego de realizar pagos de importantes sumas de dinero a funcionarios y mencionó además el robo sufrido por el principal broker de la compañía como uno de los acontecimientos que terminaron afectando las operaciones.

Críticas a la detención de Cositorto

Durante la entrevista, Petriati también cuestionó las condiciones de detención que atraviesa Cositorto en la provincia de Corrientes. Según afirmó, el empresario permanece privado de su libertad en condiciones que calificó como ilegítimas y denunció un régimen de aislamiento que, a su criterio, constituye una forma de “tortura blanca”.

La letrada aseguró que le retiran el teléfono, lo que dificulta su comunicación con familiares y abogados, y sostuvo que solamente tendría acceso al patio durante media hora por semana.

“Hay una persecución constante para que no se sepa lo que realmente pasó”, afirmó Petriati, quien además cuestionó que durante el proceso no se haya priorizado la recuperación del dinero por parte de las personas afectadas.

Pedido de nulidad de toda la investigación

Finalmente, la defensora señaló que el expediente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclamó que se declare la nulidad de las actuaciones.

Su planteo se basa en la denominada doctrina del “árbol envenenado”: si el origen de una investigación fue obtenido mediante una actuación ilegítima, las pruebas y actuaciones posteriores podrían quedar alcanzadas por esa irregularidad.

“Si la causa madre en Córdoba empezó con un acta ilegítima, se aplica la ley del árbol viciado: si la raíz está viciada, se tiene que caer toda la investigación”, sostuvo Petriati.

A partir de esa interpretación, la abogada consideró que también deberían caer los procesos derivados en Corrientes y Salta y reclamó la libertad de las personas alcanzadas por esas investigaciones. Las afirmaciones corresponden a la defensa de Cositorto y forman parte de los cuestionamientos que la letrada viene realizando sobre el origen y desarrollo de la causa Generación Zoe.

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