La causa Peressutti, al descubierto: uno por uno, los hechos que se investigan
La causa judicial que involucra a la exauditora general de la Municipalidad de Villa María, Alicia Peressutti, ingresaría en una nueva etapa luego de que la fiscal de Instrucción Juliana Companys presentara el requerimiento de elevación a juicio contra ella y los demás imputados: Ernesto Lazarte, Lorena Pinta y Graciela Santina Sánchez.
En un expediente de 96 páginas, el Ministerio Público Fiscal consideraría concluida la investigación penal preparatoria y solicitaría que los cuatro acusados fueran juzgados por una serie de delitos vinculados al presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a programas sociales.
La investigación describiría una presunta estructura organizada que habría comenzado a funcionar durante el primer trimestre de 2021. Según la acusación, los imputados se habrían asociado con el objetivo de captar recursos estatales mediante la creación y utilización de la Asociación Civil Mama Antula, aprovechando los vínculos institucionales de Peressutti con distintos organismos públicos.
Una vez obtenidos los subsidios, se habrían confeccionado rendiciones de cuentas con facturas presuntamente apócrifas para justificar gastos que no se habrían realizado y, de esa manera, defraudar al Estado.
Un subsidio de $2,5 millones bajo la lupa
Uno de los ejes centrales de la acusación estaría relacionado con un convenio firmado con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba, mediante el cual la Asociación Mama Antula habría recibido un subsidio anual de 2,5 millones de pesos destinado al fortalecimiento de un proyecto para niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el expediente, el dinero habría sido transferido en cuatro desembolsos de 625 mil pesos cada uno durante octubre y noviembre de 2022. La investigación sostendría que parte de la documentación presentada para rendir esos fondos incluiría comprobantes emitidos por personas que, según los testimonios incorporados a la causa, no habrían prestado servicios para la entidad.
Más de quince hechos investigados
La requisitoria no se limitaría a un único episodio. Por el contrario, describiría 16 hechos que incluirían la utilización reiterada de facturas presuntamente irregulares para justificar gastos ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba.
Entre los elementos incorporados al expediente figurarían nueve facturas que, según la acusación, habrían sido emitidas para respaldar erogaciones que no se habrían realizado efectivamente y que habrían sido utilizadas para justificar rendiciones de cuentas de fondos públicos.
La situación de Peressutti
Además de los hechos vinculados a los subsidios, la Fiscalía le atribuiría a Alicia Peressutti haber utilizado recursos humanos de la Municipalidad de Villa María para beneficiar a la Asociación Nazareth.
En ese sentido, el expediente sostendría que una trabajadora social contratada por la Auditoría General municipal habría sido destinada a cumplir tareas para esa entidad privada entre abril de 2021 y marzo de 2022, mientras percibiría su salario con fondos públicos.
Las defensas rechazaron las acusaciones
Durante las declaraciones indagatorias, los cuatro imputados habrían rechazado las imputaciones.
Peressutti habría manifestado ser inocente y habría negado los hechos atribuidos. Ernesto Lazarte también habría rechazado las acusaciones, sosteniendo que no habría integrado ninguna asociación ilícita ni obtenido beneficios económicos personales. Por su parte, Lorena Pinta y Graciela Sánchez también habrían negado los hechos y, en distintos momentos del proceso, se habrían abstenido de declarar.
Una investigación con abundante prueba
Para fundamentar el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía habría incorporado una extensa cantidad de elementos probatorios reunidos durante más de dos años de investigación.
Entre ellos figurarían decenas de testimonios, informes bancarios, documentación de organismos provinciales, allanamientos, secuestros de teléfonos celulares, pericias informáticas, informes de la Dirección de Investigación Operativa, documentación de la Municipalidad de Villa María, de la Defensoría del Pueblo, de la SENAF y conversaciones extraídas de grupos de WhatsApp vinculados a la Asociación Mama Antula.
Qué ocurriría ahora
Con la presentación de la requisitoria, la investigación penal preparatoria habría quedado concluida. Ahora será la Cámara del Crimen la que deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio y dispone la apertura del juicio oral.
Cabe recordar que, hasta que exista una sentencia firme, todos los imputados conservan su estado de inocencia, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia.
