Denuncias y acusaciones de “armado de causa” sacuden a la Justicia local
La abogada Teodora Perassi denunció públicamente una serie de allanamientos y acusaciones en su contra, en el marco de un conflicto judicial que involucra a fiscales, jueces y una causa penal de alto voltaje en Villa María.
Según relató, los procedimientos fueron ordenados con la intervención de la fiscal Patricia Baulies y la jueza de Control María Licia Tulián, y alcanzaron tanto a su estudio jurídico como a otros profesionales, entre ellos el doctor Brocchero y Alejandro Bianco.
Perassi sostuvo que la situación se da en un contexto de denuncias previas que ella misma viene impulsando desde enero, en las que advierte la existencia de una presunta “red de corrupción” dentro del ámbito judicial. De acuerdo a su testimonio, esas presentaciones incluyeron más de 80 páginas, pruebas documentales, audios, mensajes y testimonios.
En ese marco, explicó que durante la feria judicial acudió inicialmente ante la jueza Dottori y luego formalizó la denuncia ante la fiscal Juliana Company, quien en ese momento se encontraba de turno. La abogada remarcó que sus planteos fueron ampliándose con el paso de los meses y que recientemente tomaron estado público.
El eje en la causa Lanzarte
Uno de los puntos centrales del conflicto gira en torno a la causa de Ernesto Lanzarte. Perassi afirmó que recibió advertencias sobre supuestas maniobras dentro del sistema penitenciario, donde —según denunció— se le habría ofrecido al detenido un beneficio de libertad a cambio de declarar en contra de ella, su estudio y otros actores judiciales.
La letrada aseguró que presentó una denuncia formal el 30 de abril (completada el 1 de mayo), acompañada de audios y otras pruebas que, según indicó, respaldan sus dichos. En ese material, sostuvo, constaría incluso la voz de familiares del detenido mencionando el ofrecimiento.
“Esto no lo digo ahora: ya lo denuncié antes de que ocurriera, y finalmente pasó”, afirmó.
Allanamientos y tensión institucional
En relación a los allanamientos, Perassi cuestionó la legalidad de los procedimientos, al señalar que se intentó secuestrar teléfonos celulares que —según dijo— contienen pruebas clave. También denunció irregularidades en la ejecución de las medidas, como la ausencia de veedores del Colegio de Abogados.
A su vez, sostuvo que las actuaciones en su contra derivan de una “denuncia falsa” y que forman parte de un intento de desacreditarla y frenar las investigaciones que impulsa.
“Es un armado de causa para silenciarnos”, afirmó, y agregó que solicitará el apartamiento de la fiscal Baulies y la jueza Tulián.
Denuncias cruzadas y clima de gravedad
Perassi también hizo referencia a otras denuncias que involucran a la fiscal Company en Río Segundo, aunque aclaró que, a su entender, se trataría de hechos distintos a los que ella investiga. No obstante, señaló que existirían conexiones indirectas a través de testimonios vinculados a la causa Lanzarte.
En un tono crítico, la abogada advirtió sobre la gravedad institucional del caso, habló de vulneración de derechos y aseguró temer por su seguridad personal, pese a contar con custodia.
Reunión con el Colegio de Abogados
Tras brindar estas declaraciones, Perassi mantuvo una reunión con la presidenta del Colegio de Abogados local, Itatí Demarchi, en busca de respaldo institucional frente al conflicto.
El caso, que ya generó fuerte repercusión en el ámbito judicial local, suma así un nuevo capítulo en medio de acusaciones cruzadas, denuncias por presunta corrupción y cuestionamientos al accionar de la Justicia.
