Subastaron 279 motos abandonadas y el Municipio recaudó $22,5 millones
La Municipalidad de Villa María llevó adelante este viernes 26 de diciembre una subasta pública de motovehículos que permanecían retenidos en depósitos municipales desde hace más de un año. Se trató de un lote integrado por 279 motocicletas secuestradas por diversas infracciones de tránsito y no retiradas por sus propietarios, por lo que fueron catalogadas por ley como “material de rezago o chatarra”.
El procedimiento se realizó en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 8146 y el Decreto N.º 514/2025, que regulan el destino de los vehículos declarados en estado de abandono. Las unidades habían sido secuestradas en operativos de control realizados por la Secretaría de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, principalmente por faltas como no utilizar casco, no contar con licencia, seguro o ITV.
Al respecto, la secretaria del área, Guadalupe Vázquez, explicó que la subasta incluyó motos con una antigüedad aproximada de un año y medio en depósito. “El espacio ubicado en la esquina de Intendente Maciel y Jujuy está repleto de motos, producto del trabajo diario en la vía pública. Queremos instar al cumplimiento de las normas de circulación, especialmente el uso del casco y la documentación obligatoria”, señaló.
Por su parte, el asesor letrado del Municipio, Franco Valzacchi, indicó que, por razones de eficiencia procesal y por el avanzado estado de deterioro de las unidades, se resolvió subastarlas en un único lote. “La desidia de los propietarios habilita al Municipio a declararlas en estado de abandono. Con la nueva ordenanza, el plazo para hacerlo se reduce a seis meses”, precisó.
Tras el relevamiento realizado por los martilleros públicos y la autoridad policial, se constató que las motocicletas eran técnicamente irrecuperables para circular de manera segura, motivo por el cual fueron subastadas como chatarra para compactación. El lote completo fue adjudicado por un total de 22.500.000 pesos.
Con esta medida, el Municipio busca descomprimir la acumulación de vehículos en desuso, mejorar las condiciones de seguridad y salubridad, y recuperar recursos vinculados a tasas y estadía. Del procedimiento participaron los martilleros públicos Darío Alberto (M.P. 01-3168) y Cristina Perin (M.P. 01-2407).
