Fuertes cuestionamientos a una contratación firmada por el intendente Tagni
El pasado 29 de junio, el portal Soy Villa Nueva denunció una situación que compromete seriamente al intendente Ignacio Tagni, quien basó gran parte de su campaña electoral en la promesa de un gobierno transparente.
Según informó el medio, el mandatario firmó un convenio con el abogado Héctor Rubén Oses a través del Decreto 0222/25 para brindar asesoramiento jurídico al municipio. Sin embargo, el documento oficial omite un dato clave: el monto que cobrará el profesional.
Más allá de la omisión, lo que más llamó la atención fueron los lazos familiares que rodean la contratación. Oses no es ajeno al entorno del intendente: antes de asumir, tanto Ignacio como su hermano Marcos —actual funcionario municipal— trabajaron para el mismo estudio jurídico, cuya sede está registrada en General Paz 481, Villa María. Esa dirección figura también como domicilio profesional de Nelly Graciela Pérez, madre del intendente, quien además comparte domicilio personal con él en barrio Ctalamuchita.
La denuncia toma mayor relevancia al considerar que el municipio ya cuenta con un equipo legal conformado, en gran parte, por amigos cercanos y exsocios del propio Tagni, como Marcos Atienza, Gastón Nicola y Lisandro Ponte, quienes hoy ocupan cargos estratégicos dentro del gabinete. A pesar de esto, se contrató a un abogado externo con fuertes vínculos personales y se ocultó a la ciudadanía el valor económico del acuerdo.
El medio también recuerda que gran parte del presupuesto municipal está bajo control de Ignacio Tagni, su hermano Marcos —quien fue beneficiado con la prescripción de una deuda municipal millonaria— y su pareja, Justina Pucci, actual Secretaria General del municipio.
Para completar el panorama, desde Soy Villa Nueva aseguran que intentaron acceder a la información mediante los mecanismos públicos correspondientes, pero la solicitud fue denegada, en un gesto que se aleja de los principios del gobierno abierto que la actual gestión había prometido consolidar.
Los cuestionamientos también alcanzan a la falta de resultados visibles respecto a la anunciada auditoría sobre la gestión anterior de Martín Gill, a la que el propio Tagni acusó reiteradamente de irregularidades. Mientras tanto, los vecinos siguen sin saber cuánto dinero de sus impuestos se destinó a un estudio jurídico vinculado directamente a la familia del intendente.
