Pagliero y Graglia cobran sin ir: crecen las denuncias por “empleados invisibles”
El escándalo por los asesores “invisibles” en la Legislatura de Córdoba continúa creciendo y sumando capítulos que despiertan preocupación en toda la provincia.
Días atrás, desde Soy Villa Nueva se reveló el caso de Franco Maximiliano Graglia, ex candidato a intendente por el oficialismo y hermano del actual subsecretario de Municipios, Natalio Graglia. Según denunciaron, Franco figura como contratado por la Unicameral sin que nadie lo haya visto cumplir tareas allí.
Ahora, otro nombre se suma a la polémica: el de Lucas Alejandro Pagliero, un viejo conocido del kirchnerismo local. Pagliero formó parte del círculo íntimo del exintendente de Villa María, Martín Gill, y ocupó cargos clave dentro del municipio, como subsecretario de Descentralización Territorial y luego secretario de Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria. Su cercanía con Gill incluso lo llevó al Ministerio de Obras Públicas de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández.
Sin embargo, recientemente se conoció que Pagliero también figura como asesor contratado en la Legislatura cordobesa. Al igual que ocurre con Graglia, empleados del recinto aseguran que jamás lo han visto en el edificio. No cumple funciones visibles, no se conoce su área de desempeño y no hay rastro de su participación en actividades legislativas. Simplemente, aparece en la nómina. Y cobra.
Desde la Legislatura evitaron brindar datos oficiales sobre su salario, pero de manera extraoficial trascendió que los contratos de asesores varían entre los 500 mil y los 2 millones de pesos mensuales, dependiendo de la antigüedad, el cargo y los vínculos políticos. Todo pagado con dinero público, con los impuestos de los cordobeses.
La pregunta inevitable que surge es: ¿cuántos casos como los de Graglia y Pagliero existen en la Legislatura? ¿Cuántos empleados “fantasma” se esconden detrás de un sistema opaco, sin controles efectivos ni rendición de cuentas?
La reciente publicación de la nómina de contratados –obligada por una acción judicial iniciada por La Voz del Interior– arrojó más sombras que certezas. Se sabe cuántos asesores hay, pero no qué hacen. No hay organigrama, no hay funciones detalladas ni responsables visibles. Todo parece estar diseñado para el acomodo político y la discrecionalidad.
Mientras miles de cordobeses enfrentan salarios deteriorados por la inflación y recortes en áreas sensibles del Estado, algunos privilegiados parecen haber encontrado refugio en cargos legislativos que no exigen presencia, ni trabajo, ni responsabilidad alguna. Y lo hacen con total impunidad.
La Legislatura de Córdoba debería ser un símbolo de institucionalidad y transparencia. Hoy, lamentablemente, parece ser una usina de favores cruzados, contratos ocultos y sueldos imposibles de justificar.
