Ejercía como corredor ilegal y terminó imputado: La justicia lo frenó en seco
En una contundente acción judicial destinada a proteger el ejercicio legal de la profesión inmobiliaria, la Fiscalía de Instrucción y Familia de 2° Turno de Villa María imputó a un individuo por el presunto delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión, tipificado en el artículo 247 del Código Penal.
La causa se originó tras una denuncia presentada por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (CPI).
El imputado, que operaba sin matrícula habilitante, habría realizado múltiples actos propios de la actividad inmobiliaria, como ventas, publicaciones y ofrecimientos de inmuebles. La Justicia consideró estos elementos como pruebas suficientes para avanzar con una imputación formal, que incluye el fichado, prontuariamiento y la imposición de restricciones: se le prohibió continuar con cualquier tarea relacionada con la intermediación inmobiliaria hasta tanto se resuelva su situación procesal.
En paralelo, la Justicia ordenó el allanamiento de las oficinas del presunto infractor. En el operativo —realizado con colaboración policial— se secuestraron cartelería, contratos, escrituras y el teléfono celular del imputado. Participaron activamente del procedimiento los dirigentes de la Delegación del CPI en Villa María, CPI Carlos Colmenares y CPI Carolina Cena, como muestra del compromiso institucional frente a esta problemática.
El avance judicial no solo representa una victoria puntual, sino también un mensaje categórico en el marco de una estrategia más amplia del CPI para erradicar prácticas fraudulentas que afectan tanto a profesionales matriculados como a consumidores. Desde el Colegio Profesional remarcaron que la ilegalidad en el ejercicio de la profesión perjudica la imagen del sector y vulnera derechos fundamentales de quienes contratan servicios inmobiliarios esperando respaldo legal y transparencia.
Cabe destacar que este no es un caso aislado. El Poder Judicial de Córdoba analiza actualmente decenas de denuncias similares presentadas por el CPI, lo que evidencia una tendencia creciente en la intervención de la Justicia para proteger profesiones reguladas frente a quienes intentan ejercerlas sin formación ni habilitación legal, cobrando honorarios indebidos y asumiendo responsabilidades para las que no están capacitados.
En los próximos días, el imputado deberá presentarse a prestar declaración indagatoria, instancia clave para el avance del proceso penal. Desde el ámbito jurídico, este caso podría marcar un precedente importante en la persecución del ejercicio ilegal de profesiones, especialmente en un rubro tan sensible como el inmobiliario.
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