Profesionales de la cosmetología reclaman una ley que reconozca su labor en Córdoba
Daniela Falco, presidenta de la Asociación Civil de Profesionales de Estética y Cosmetología (ACIPEC) de Villa María y zona, expuso el fuerte reclamo del sector: La urgente necesidad de una ley que regule y reconozca formalmente la labor de quienes se desempeñan en el ámbito de la estética, la cosmetología y la cosmiatría.
La organización nació en 2023, fruto de años de trabajo colectivo. “La creamos para visibilizar, representar y profesionalizar a quienes ejercemos esta actividad. Muchas veces fuimos tratadas como un oficio informal, cuando en realidad somos profesionales formadas, capacitadas y con un rol activo en el cuidado de la salud”, sostuvo Falco.
Recientemente, integrantes de ACIPEC, junto a la Asociación Cordobesa de Cosmetología, Cosmiatría y Estética Profesional (ACCCEP), se presentaron en la Legislatura de Córdoba para respaldar el proyecto de ley 34.855/L/22. Esta iniciativa propone la creación del Colegio Profesional de Cosmetología y Cosmiatría, la matriculación obligatoria y un sistema de validación de títulos para quienes ya ejercen, incluyendo una instancia de nivelación.
“La situación actual es preocupante: más de 4.000 personas en Córdoba trabajan sin respaldo legal, muchas en condiciones informales. La ley que impulsamos no solo garantiza derechos laborales, sino que también mejora la calidad de los servicios y protege la salud pública. Provincias como Santa Fe, Chaco o Entre Ríos ya tienen legislación similar. Córdoba no puede quedar atrás”, explicó la referente.
Según Falco, la aprobación del proyecto permitiría organizar al sector, establecer reglas claras, contar con un marco institucional y ofrecer herramientas como un código de ética, matrícula profesional y formación continua. “Sería una forma de dignificar una profesión esencialmente femenina, muchas veces precarizada”, remarcó.
El pedido de las profesionales no es solo para el Estado, sino también para la comunidad: “Queremos que se entienda que este no es un reclamo sectorial, sino una cuestión de salud pública y justicia laboral. Somos profesionales que contribuimos al bienestar de las personas. Necesitamos una ley que nos respalde y una tecnicatura pública para seguir formándonos. El proyecto ya está presentado. Solo falta voluntad política para tratarlo y aprobarlo”, concluyó.
