Castraciones masivas: Una solución que los Municipios no pueden postergar
La Red de Políticas Públicas y especialistas en salud ambiental insisten en que los Municipios deben implementar políticas públicas de equilibrio poblacional canino y felino como herramienta clave para cuidar la salud pública, evitar el sufrimiento animal y prevenir el colapso sanitario en las comunidades.
Desde una mirada integral, el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP) propone una solución ética, efectiva y sostenible a través de castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas y no excluyentes.
Su implementación es reconocida como una política de Estado en varias jurisdicciones y se presenta como la única vía para frenar la sobrepoblación que afecta tanto a los animales como a las personas.
El programa no solo busca controlar la reproducción indiscriminada, sino que también prevé acciones complementarias como vacunación antirrábica, desparasitación, adopciones y retorno de animales a su entorno (TNR). Está estructurado sobre dos pilares fundamentales: uno programático, que incluye la logística y el ritmo de campaña, y otro educativo, que promueve la empatía y la tenencia responsable a través de la participación comunitaria.
Uno de los puntos más conflictivos es el rol de los Colegios Veterinarios, que en distintas provincias han intentado obstaculizar la aplicación de estas políticas mediante exigencias de protocolos restrictivos o la judicialización de las campañas. Según la Red, esto responde a intereses económicos sectoriales que chocan con el derecho colectivo a un ambiente sano, consagrado por la Constitución Nacional.
El documento difundido alerta que los municipios tienen la responsabilidad legal y constitucional de garantizar políticas públicas que preserven la salud humana y animal. Citan casos exitosos como Almirante Brown, Vicente López y Funes, donde se aplican castraciones a ritmo de campaña y se logran altos estándares de cobertura.
En contraposición, se critica la inversión en medidas que han fracasado en otros países como el chipeado masivo, o el sostenimiento de refugios que naturalizan el abandono. También se señala que los hospitales veterinarios públicos, cuando se implementan sin antes lograr el equilibrio poblacional, terminan desviando recursos clave y agravando la crisis.
La Red de Políticas Públicas propone, además, que cada localidad cuente con una ordenanza específica que respalde la política de castraciones masivas y declare a la ciudad como “no eutanásica”, evitando que el sacrificio animal sea visto como solución.
En definitiva, el éxito del programa depende de una acción decidida del Estado y de una comunidad comprometida. “Cuando el Estado trabaja bien, la comunidad responde bien”, afirman, invitando a repensar las prioridades sanitarias y ambientales en cada rincón del país.
