Revisar lo irreversible: El absurdo estatal
Me dijeron que tenía que venir acá, de acá me mandan a Villa Nueva. Soy una persona que no tiene cómo moverse. Me parece una locura.”
Con esa frase, tan clara como dolorosa, una madre resumió el desconcierto y el cansancio que muchas familias viven cuando el Estado, en lugar de garantizar derechos, instala un circuito burocrático que las obliga a demostrar lo evidente: discapacidades irreversibles que ya están certificadas legalmente.
“Con todas las tecnologías que hay hoy en día, que tengas que hacer estos trámites me parece absurdo”, agregó.
La mujer recibió un llamado desde el área de discapacidad de Villa María para asistir con su hija a una revisión. Sin carta documento ni notificación formal, fue derivada al consultorio de un médico auditor en Villa Nueva. El profesional no pudo atenderla y le indicaron seguir el proceso en ANSES. ¿El motivo? Nadie supo explicarlo.
“El síndrome de Down es para toda la vida. Tenemos certificado, documentación, todo avalado por ley. ¿Qué sentido tiene volver a demostrarlo?”
El caso refleja una situación que se repite: el Estado obliga a familias a revalidar condiciones médicas permanentes, generando gastos innecesarios, angustia y desgaste emocional. Las revisiones afectan incluso a quienes tienen discapacidades genéticas o congénitas, para las cuales no existe cura ni modificación.
“Te modifican la vida, te lleva tiempo, y además no todos tienen cómo solventar los gastos de traslado.”
Las familias pierden horas laborales, deben organizar cuidados, y en muchos casos pagar remises o taxis. Para quienes tienen hijos con discapacidades motrices, el impacto es aún mayor. El sistema, lejos de acompañar, se convierte en una traba.
“Lo hacemos porque nos dijeron que hay que hacerlo, pero nadie explicó bien para qué.”
La falta de información y la ausencia de acompañamiento institucional agravan el panorama. No hay orientación clara, ni presencia de organismos que trabajen con perspectiva de discapacidad. Las familias quedan solas frente a un laberinto sin sentido.
¿Auditoría o castigo?
Cuando el Estado impone trámites presenciales y engorrosos sin contemplar condiciones permanentes ni ofrecer alternativas digitales, no audita: revictimiza.
La sospecha generalizada reemplaza al respeto por los derechos adquiridos, y la desconfianza se impone sobre la inclusión.
Es urgente revisar los mecanismos: actualizar sistemas, cruzar bases de datos, usar certificados digitales. Porque cuando las herramientas para evitar fraudes terminan castigando a quienes ya están en situación de desventaja estructural, el control se convierte en crueldad.
Fuente: Revista Vértices, Villa María.
