Márquez y Asociados: La justicia decretó una quiebra fraudulenta con impacto social

La Justicia Comercial declaró la quiebra de la empresa desarrollista Márquez y Asociados, y lo hizo con una calificación poco habitual: “compleja”. El fallo señala que la compañía no fue víctima de un mal momento financiero, sino que habría sostenido un modelo de negocios basado en el fraude sistemático, con promesas de viviendas imposibles de cumplir y maniobras para seguir captando fondos aun en estado de insolvencia.

La resolución judicial detalla que al momento del fallo ya se acumulaban más de 90 demandas civiles, 20 denuncias penales y numerosos reclamos administrativos provenientes de clientes, trabajadores y proveedores. Lejos de responder a una crisis inesperada, la Justicia afirma que se trató de una operatoria organizada para sostener artificialmente una estructura sin respaldo real.

Cesación de pagos, deudas y abandono

Uno de los ejes de la quiebra es la comprobación de una cesación estructural de pagos. Desde mayo de 2024, la empresa dejó de abonar salarios y cargas sociales, lo que dejó a su plantel sin cobertura médica ni aportes jubilatorios. Los incumplimientos contractuales también crecieron de forma exponencial: en 2023 se iniciaron 10 juicios, en 2024 ya eran 56, y solo en los primeros meses de 2025 se sumaron otros 26.

A esto se le suma la emisión de cheques sin fondo, lo que el juez interpretó como una maniobra para “ganar tiempo o evitar momentáneamente ejecuciones”. También se verificó el cierre intempestivo de la sede central y la suspensión de la atención al público tras protestas de damnificados, según informó el medio Perfil el 2 de abril de 2025.

Todas estas conductas, consideradas en conjunto, constituyen un patrón que alimenta la hipótesis de una estafa estructural. La empresa seguía operando y promocionando proyectos cuando ya no tenía capacidad de cumplir con sus compromisos previos.

El caso que activó la quiebra

La solicitud de quiebra fue impulsada por el abogado Guillermo Giurda, quien había obtenido una sentencia a favor por más de 19 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales, luego de representar a una clienta afectada en juicio contra la empresa. Pese a contar con una resolución firme y planilla aprobada, no logró cobrar la deuda por falta de bienes embargables.

En este contexto, el juez concluyó que se cumplían los requisitos del artículo 83 de la Ley de Concursos y Quiebras: un crédito cierto, patrimonial y exigible, más hechos que confirman el estado de cesación de pagos. La ejecución forzada, según consta en el fallo, “no arrojó resultados patrimoniales positivos” y fue “ineficaz frente a la insolvencia del deudor”.

Sospechas de desvío de fondos a empresas paralelas

Una de las observaciones más delicadas de la sentencia apunta a posibles maniobras de desvío de fondos hacia empresas vinculadas. Los directivos Pablo y Ariel Márquez figuran como titulares de al menos cuatro sociedades relacionadas: Márquez Cuatro Elementos, Márquez Gold, Márquez Agrocampo SRL y Márquez Salud.

El documento judicial sugiere que estas firmas compartirían estructura con Márquez y Asociados, y que podrían haber sido utilizadas para canalizar dinero proveniente de clientes. Mientras se incumplía con antiguos compromisos, la firma continuaba captando nuevos clientes, agravando el daño patrimonial.

La operatoria está bajo investigación penal, y el fallo indica que estas conductas podrían encuadrarse en delitos económicos de mayor escala.

Medidas excepcionales y enfoque en los derechos humanos

La quiebra fue declarada con la categoría de “compleja”, lo que habilitó al juez a tomar medidas excepcionales:

• Inhabilitación de los directivos para administrar bienes.

• Prohibición de salida del país para Pablo y Ariel Márquez hasta febrero de 2027.

• Incautación de bienes y documentación.

• Notificación inmediata a Defensa del Consumidor, la Oficina de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal.

• Plazo hasta el 11 de noviembre de 2025 para que los acreedores presenten sus reclamos.

Además, el magistrado consideró que lo ocurrido afecta derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a una vivienda digna. Por eso, ordenó la intervención de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba.

“Por la posible afectación de derechos humanos, en especial del derecho de acceso a la vivienda de las personas involucradas, se entiende indispensable la intervención de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia”, señala el fallo.

Un caso que enciende una alarma colectiva

El derrumbe de Márquez y Asociados no se limita a un fracaso empresarial. Se trata de un caso paradigmático donde la estructura de fraude afectó directamente derechos sociales básicos. Decenas de familias quedaron sin respuestas, con proyectos de vida truncos y sin resguardo frente a promesas vacías.

En un contexto donde muchas desarrollistas operan al margen de los controles, este caso evidencia la necesidad de fortalecer la regulación, la acción coordinada del Estado y el rol de la ciudadanía organizada para prevenir que se repitan esquemas similares.

El daño no se mide solo en millones de pesos: se mide en confianza social quebrada y derechos vulnerados.

Fuente: Vertices