Rocío Sosa exige libertad para su madre y hermana
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, coincidió con la resolución de un caso que resalta las desigualdades en el sistema judicial: Wanda Romero, de 18 años, y su madre Carlina Sosa, ambas sin antecedentes, fueron condenadas a la pena máxima por tenencia de 5 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína en su hogar.
Wanda, trabajadora de un bar y consumidora ocasional de marihuana, fue acusada junto a Carlina, jefa de un hogar compuesto por siete hijos y nietos. Carlina, además de sostener a su familia vendiendo tortas, incursionó en el narcomenudeo por necesidad económica, lo que desencadenó en su detención tras una denuncia de distribuidores de droga.
Wanda, quien no terminó la secundaria, solicitó apoyo psicológico tras ser condenada, pero no recibió acompañamiento para su recuperación o reinserción social. Por su parte, Carlina, insulinodependiente y sin acceso a tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, enfrenta un agravamiento de su salud.
Rocío Sosa, hija de Carlina y hermana de Wanda, expresó con indignación la situación que atraviesan sus familiares: «Mi mamá y mi hermana están siendo criminalizadas por ser pobres. Wanda solo tenía 18 años cuando la condenaron por consumir marihuana de forma recreativa, y mi mamá, que es jefa de hogar y cuida a toda nuestra familia, intentó vender drogas por primera vez porque no alcanzaba para comer. Pero en lugar de apuntar a los grandes responsables del narcotráfico, la justicia eligió castigarlas a ellas, dos mujeres trabajadoras y sin antecedentes», sostuvo.
En su declaración, Rocío también destacó la falta de apoyo por parte del sistema: «A Wanda no le ofrecieron ni un psicólogo ni oportunidades para terminar el secundario, y a mi mamá, que tiene diabetes tipo II y es insulinodependiente, no le brindan tratamiento en la cárcel. Es evidente que esta justicia es clasista y patriarcal. Solo pedimos la absolución de Wanda y que mi mamá pueda quedar en libertad después de la apelación. Nadie merece ser tratado de esta forma, menos por un sistema que debería educar y proteger, no destruir vidas».
