Causa depósito judicial: Por irregularidades en la acusación, anulan la elevación a juicio
En un fallo reciente, la Cámara del Crimen de Villa María declaró la nulidad tanto del auto de alevación a Juicio emitido por el Juzgado de Control como del requerimiento de citación a juicio formulado por la Fiscalía de Instrucción del segundo turno en la causa de malversación que involucra a Juan Carlos Arias y otros imputados.
La decisión, adoptada el 25 de octubre de 2024, respondió a los planteos realizados por la Fiscal de Cámara, Andrea Verónica Heredia Hidalgo (de Bell Ville), quien argumentó que el proceso presentaba serias deficiencias en la precisión de los hechos y en la claridad de las funciones que se atribuían a cada uno de los imputados. En su exposición, la fiscal subrayó que estos elementos eran indispensables para garantizar el derecho de defensa de los acusados y la correcta notificación a las víctimas, principios fundamentales para un juicio justo.
Entre las observaciones principales, la Fiscal Heredia Hidalgo resaltó la falta de precisión en la descripción de la supuesta maniobra delictiva y en las condiciones funcionales de los imputados, así como la incongruencia entre uno de los hechos imputados y la calificación legal asignada. Además, mencionó la falta de evacuación de citas, lo cual afecta la claridad de la pieza acusatoria y compromete el derecho de defensa, generando vicios que invalidan el proceso de manera absoluta.
La nulidad declarada se fundamenta en el incumplimiento de la secuencia procesal “acusación, juicio y castigo”, establecida en las normativas nacionales e internacionales que amparan el derecho a un debido proceso (art. 60 y 115 de la Constitución Nacional, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros). La Cámara coincidió con la Fiscal en que la acusación debía garantizar una jurisdicción precisa y un ámbito de defensa claro para el imputado, por lo que, ante estas falencias, se decidió la nulidad total de la elevación a juicio y de los actos dependientes de la misma, en protección de los derechos judiciales de los involucrados.
