Empresarios y un ex concejal condenados por delitos tributarios
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba dictó condenas para siete miembros de una asociación ilícita dedicada a delitos financieros y tributarios. Utilizando una mutual, los acusados realizaron intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, entre otras actividades. Las penas incluyen hasta 3 años de prisión condicional y un pago de 500 mil dólares. El caso, investigado por la fiscalía federal, también condujo al decomiso de propiedades destinadas a la creación de una nueva sede judicial.
Por su parte, la fiscal federal María Schianni, en declaraciones recientes, destacó la importancia de este tipo de intervenciones judiciales para frenar maniobras fraudulentas que afectan la economía. En una causa similar en Tucumán, Schianni lideró la investigación que resultó en la intervención de dos empresas involucradas en contrabando y operaciones financieras ilícitas.
El tribunal condenó a Fernando Santiago Ateca y Jorge Héctor Sufe a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, intermediación financiera no autorizada agravada en calidad de coautores y lavado de activos también en calidad de coautores. En el caso de Ateca, también se lo condenó como autor de evasión simple tributaria.
En tanto, Miguel Alberto Álvarez fue también condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional como miembro de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada agravada en calidad de partícipe necesario y lavado de activos, también como partícipe necesario, todo en concurso real.
Por su parte, Delfín Armando Polack, Richard Eduardo Grenat, María Eugenia Tabares y Carlos Alberto Giovanardi recibieron una pena de 2 años y 4 meses de prisión condicional al ser hallados cómplices secundarios de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos y como partícipes necesarios de intermediación financiera no autorizada agravada, todo en concurso real. Además, como parte del acuerdo, el tribunal absolvió a los acusados Franco Arce, Fabio Darío Machado y Silvia Marcela Della Rosa.
Cómo funcionaba la asociación ilícita
De acuerdo a la acusación, con fecha aún no precisada pero anterior al 16 de mayo de 2018, por medio de empresas radicadas en las ciudades de Villa María y James Craik de Córdoba, Ateca, Sufe, Polack, Tabares, Grenat, Giovanardi y Álvarez, conformaron una asociación ilícita destinada a cometer una indeterminada cantidad de delitos financieros y tributarios.
Entre estos delitos se contaban actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas; la compra y venta de títulos valores; otorgar préstamos a terceros e inversiones en el mercado de valores por intermedio de agentes de bolsa, entre otras actividades, todo ello sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.
Los acusados empleaban una estructura mutualista para tomar provecho de los beneficios y exenciones que esta poseía ante el fisco a los fines de eludir el pago de los tributos que le hubiesen correspondido en caso de haber operado dentro de los marcos legales, una medida que tenía por objeto potenciar las ganancias obtenidas por medio de las actividades ilícitas. Además, la organización habría llevado a cabo el delito de lavado de activos, al poner en circulación en el mercado bancario, financiero y bursátil el dinero ilícitamente obtenido por medio de los hechos de evasión de impuestos e intermediación financiera aludidos. Parte de los fondos ilícitos que se habrían obtenido eran invertidos en inmuebles con el propósito de que adquirieran la apariencia de un origen lícito.
En este marco se le atribuyó a Ateca y Sufe haber adoptado dentro de la asociación ilícita el rol de jefes u organizadores, coordinando con los contadores Giovanardi y Álvarez la modalidad operativa, los servicios que se brindarían por medio del entramado empresarial dispuesto a tal fin, las inversiones a realizar, las directivas que se impartirían a los demás miembros, entre otras cuestiones. Ateca se desempeñaba como presidente de la Asociación Mutual y utilizaba una línea telefónica por medio de la cual se comunicaba con los demás imputados para coordinar las actividades vinculadas a los negocios ilícitos.
Por su parte, Sufe era socio de la Asociación Mutual y si bien no ocupaba un cargo dentro de dicha estructura, se vinculaba a través de otras personas jurídicas que fueron utilizadas a los fines de la maniobra -como la firma EFUS S.A.- y usaba una línea telefónica que, al igual que la de Ateca, eran de titularidad de Ridesud SRL, empresa integrada por Tabares y Polack, con igual domicilio registrado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al de la sede de la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales.
Dentro de los miembros de la asociación ilícita, también se encontraba Grenat, tesorero de la Asociación Mutual, que suscribió junto a Ateca los balances en los períodos investigados. Este imputado también figuraba junto a Ateca como firmante de una cuenta corriente registrada a nombre de la Asociación Mutual de Productores de Servicios Generales y que con anterioridad había tenido como firmantes a Polack y Tabares.
Por su parte, los contadores Giovanardi y Álvarez, con sus conocimientos, pericia y experiencia, brindaron asesoramiento a la estructura ilícita, dándole a la misma una apariencia de legalidad ante los distintos organismos.
Para llevar a cabo estas actividades ilícitas, los acusados se valieron de una serie de sociedades de las cuales algunos de los ahora condenados era accionistas, apoderados o tesoreros, entre las que se encontraban dos sedes de la Asociación Mutual de Productores de Servicios Generales en Villa María y James Craik, Ridesud SRL, Efus SA, Frendal SRL, Suhalen SRL y Nuevo Hotel Presidente SAS.
