Procesaron a un falso pastor y a otros cuatro imputados por trata de personas
Así lo dispuso el titular del juzgado federal de San Francisco, Pablo Montesi. Además, ordenó trabar embargo hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos respecto de cuatro de los imputados y de 5 millones para el imputado restante, teniendo en miras la reparación debida a las víctimas.
Se trata del primer caso en que el Poder Judicial valida la investigación del Ministerio Público Fiscal contra una organización coercitiva en la jurisdicción dedicada a explotar personas en la venta de panificados, en una inmobiliaria y en un templo.
El titular del Juzgado Federal de San Francisco, Pablo Montesi, procesó a un falso pastor y a otras tres personas como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y víctimas, y por haber sido consumada la explotación. A cada uno de ellos, el juez les trabó embargo por la suma de 10 millones de pesos.
La decisión recayó también sobre un quinto imputado en calidad de partícipe necesario del mismo delito, quien fue embargado por 5 millones de pesos.
De esta manera, el juzgado hizo lugar al pedido realizado por la fiscal federal María Schianni, quien contó desde el inicio de la investigación con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, en el marco del primer caso en que el Poder Judicial valida la investigación del Ministerio Público Fiscal contra una organización coercitiva en la jurisdicción.
Los hechos investigados habrían tenido lugar por lo menos desde 2017. De acuerdo con la pesquisa, el líder de la secta denominada “Dimensión Cielo” habría captado, a través de las redes sociales, trasladado y acogido por lo menos a siete víctimas con fines de explotación en tres domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Córdoba. En uno de ellos funcionaba un local denominado “Barritas y más”, en el que se elaboraban productos alimenticios de panificación y viandas light; en otro funcionaba una inmobiliaria; y el tercero era la denominada “Casa de Oración”.
En ese marco, las víctimas habrían sido reducidas a la servidumbre por parte de los imputados, ya que debían prestar servicios de elaboración de panadería y/o venta en la vía pública o el transporte público de los productos que fabricaban, atender en la inmobiliaria que los imputados manejaban, así como trabajar como servicio doméstico en la propia casa particular del falso pastor, cocinándole y atendiendo a sus hijos. Las jornadas se extendían durante catorce horas y no había días de descanso, a cambio de un salario ínfimo o a veces inexistente. Las víctimas residían en condiciones de hacinamiento, con una alimentación deficiente, humillaciones y maltratos psicológicos, control de salidas y comunicaciones, y control de la sexualidad y de su vida privada en general. Para el despliegue de estas acciones, el líder habría contado con la participación necesaria de uno de los imputados, quien se habría encargado de controlar y supervisar el trabajo de las víctimas, como también de su comportamiento cotidiano.
El caso
La causa nació luego de una denuncia radicada en septiembre de 2020 en la que una mujer detalló que su hermana habría ingresado a una comunidad de fachada religiosa ubicada en una casa del Country “Ayres del Golf” de San Francisco, donde los miembros serían explotados laboralmente en los rubros de panificación e inmobiliario.
Según la denunciante, la explotación también se producía en la capital provincial y el líder de la secta se consideraba “enviado de Dios”, seguido por su esposa, a quien llamaba “la profeta”.
La Policía Federal pudo constatar la existencia de personas que operaban en la posible comisión del delito de trata de personas y que su principal responsable era un falso pastor a quien los restantes miembros de la secta debían rendirle cuentas sobre la producción y venta de los alimentos elaborados en la panificadora, como también de la administración de la inmobiliaria denominada “Ciudad”.
Las tareas de inteligencia criminal dieron la pauta de que en la casa del golf residían el líder de la secta, su esposa, sus hijos menores de edad y dos víctimas, que debían encargarse de las tareas domésticas de la casa, del cuidado de los hijos y, además, en el caso de una de ellas, se sumaban las tareas en el domicilio donde funcionaba la “Casa de Oración” y una oficina de la inmobiliaria. Para llevar a cabo estas maniobras, el líder de la secta habría contado con el aporte de un corredor inmobiliario, encargado de administrar la inmobiliaria pero que también tenía injerencia en el negocio de la panificación.
Para el MPF el tiempo demostró que “la real finalidad que buscaba el líder de la secta era la de obtener los beneficios económicos mediante la explotación de este grupo de personas que trabajaban para él y su familia núcleo”, a quienes hacía “trabajar” en los comercios de panificación y elaboración de comidas y/o en el negocio inmobiliario, rubros que él mismo administraba junto a otro de los imputados. De acuerdo con la fiscalía, la promesa de esa vida en comunidad derivó así en un acogimiento en condiciones de hacinamiento, ausencia de una alimentación adecuada, humillaciones y maltratos, amenazas, control de salidas y comunicaciones, además de las extensas jornadas y salario ínfimo o nulo.
Fuente: Fiscales.gob.ar
